«Según el abogado Pablo Vicente, magíster en derecho electoral, las candidaturas independientes no pueden acceder al financiamiento público, tal como establece la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos».
Este debate se ha intensificado a raíz de la Sentencia TC/0788/24 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Ley 20-23), lo que ha llevado a algunos sectores a plantear que los candidatos independientes deberían tener los mismos derechos en cuanto a financiamiento público que los partidos políticos.
El financiamiento público está diseñado para fortalecer el sistema de partidos políticos, un pilar fundamental de nuestra democracia. Esta legislación busca garantizar que los partidos compitan en igualdad de condiciones, promoviendo la institucionalidad y exigiéndoles cumplir con obligaciones de rendición de cuentas y transparencia.
Los partidos políticos deben mantener una estructura operativa permanente y rendir cuentas sobre el uso de los recursos, además de participar activamente en la vida democrática del país. Las candidaturas independientes, por su naturaleza transitoria, no cuentan con las mismas estructuras organizativas ni las responsabilidades que los partidos. Esta falta de permanencia hace que las candidaturas independientes sean menos representativas y que no puedan administrar fondos públicos con el mismo nivel de transparencia y responsabilidad.
El Riesgo de Financiar Candidaturas Independientes
A diferencia de los partidos políticos, las candidaturas independientes no tienen gastos operativos permanentes como el mantenimiento de locales o la organización de actividades a largo plazo. Permitir que estas candidaturas accedan a financiamiento público podría incentivar aspiraciones sin un proyecto político claro, lo cual debilitaría la representatividad que ofrecen los partidos. Ampliar el financiamiento público a un número indeterminado de candidaturas independientes también podría generar una carga financiera insostenible para el Estado.
Alternativas al Financiamiento Público
El rechazo al financiamiento público para las candidaturas independientes no significa negarles el derecho a participar en los procesos electorales. Estas candidaturas pueden recibir apoyo de contribuciones privadas, siempre dentro de los límites establecidos por la ley y con la obligación de reportar el origen de los recursos.
Aunque las candidaturas independientes son válidas y necesarias, deben encontrar mecanismos alternativos para financiar su participación sin recurrir a los fondos públicos, que están destinados a los partidos políticos, con estructuras permanentes y organizadas.
