“Las deportaciones sin previa estrategia inteligente provocan caída de un 35% de mano de obras, un retraso en el sector construcción y un peligroso Caos social”.
PUNTA CANA, RD. Desde enero de 2025, las obras inmobiliarias en Punta Cana, Bávaro y la región este del país atraviesan un preocupante tramo …, esta vez sobran bloks, Barilla y cemento pero faltan obreros. Aunque, al parecer ni siquiera el mismo sector inmobiliario ha dejado escuchar su parecer ante una situación que pudiera desencadenar en crisis no muy lejano.
LOS DATOS
Según el Ministerio de Migración, se confirma más de 119,000 deportaciones de trabajadores haitianos entre enero y junio. La mayoría desempeñaba labores en construcción.
LO NO PREVISTO
La cacería comenzó sin ningún programa de regularización que brindara oportunidad de renovación o de obtención de permiso de trabajo, sin un filtro económico y sin coordinación con las empresas constructoras, estas deportaciones han producido un déficit de mano de obra calificada de más del 35%, según cifras de la Cámara Dominicana de la Construcción. La escasez golpea zonas vitales como Punta Cana, Samaná y Santo Domingo Este, donde casi un 90% de los proyectos están paralizados o con entregas indefinidas.
FALTÓ ESTRATEGIA
Con la decisión de sacar a los inmigrantes haitianos parece no haberse contemplado el el peligro de lograr la sobre población de haitianos ilegales sin afectar el desarrollo prometedor del sector inmobiliario.
En paralelo, constructores, capataces y conductores reportan que alguien —VESTIDO DE AUTORIDAD— decide quién pasa y quién se queda, pero no con la ley en mano, sino con billetes en el bolsillo.
LO TRÁGICO…
Las obras se quedaron sin obreros. Las inmobiliarias y constructoras se verán forzadas a aplazar entregas. Los compradores recibirán cartas redactadas: “Por causas ajenas a nuestra voluntad…”. Lo que de seguro traerá estrés, denuncias e inconformidades en una clase social que se ha endeudado para comprar viviendas con la esperanza de “pagar sus propias casas y salir de la renta”, ahora con la pesadilla de que “pagarán la renta y pagarán el préstamo al los bancos…, pero sin fecha segura de cuando recibirán sus viviendas”.
- Compradores hipotecados sin entrega habitacional: El déficit habitacional del país supera 1.4 millones de unidades.
- Empresarios enfrentando pérdidas contractuales: Plazos incumplidos, penalidades estipuladas y renegociaciones forzadas ponen en jaque tanto la rentabilidad de los proyectos como la estabilidad jurídica de las inversiones. La credibilidad del desarrollador queda en entredicho frente a socios, compradores y entidades financieras.
- Un efecto dominó legal y financiero en desarrollo: Las cláusulas de entrega pactadas comienzan a ejecutarse, abriendo la puerta a litigios, demandas colectivas y presiones judiciales que comprometen no solo el presente del sector, sino la viabilidad de nuevas inversiones en el mediano plazo.
Detrás de esta crisis no hay terremoto ni fenómeno natural. Se trata de decisiones políticas: deportaciones sin planes, sobornos que sobran y un Estado que promete invertir mientras asfixia el principal recurso del desarrollo: la mano de obra.
