Consultor Poder Ejecutivo confirma que Verón tiene poder legal para gestionar su territorio desde 2022

La ley no espera reglamentos ni excusas: Higüey deberá replegarse

Karla Silverio
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“La Ley 368-22 está vigente desde diciembre de 2022 y es de obligatorio cumplimiento. No hay margen para interpretaciones.”
Así lo establece la carta oficial del Poder Ejecutivo que podría cambiar el mapa del poder territorial en la zona Este.

VERÓN–PUNTA CANA. RD – Ya no hay espacio para ambigüedades ni dilaciones. Una carta firmada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y dirigida al director de la Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodin), Pedro Richardson, confirmó lo que Verón–Punta Cana viene defendiendo desde hace más de un año: la Ley 368-22 sobre Ordenamiento Territorial entró en plena vigencia el 24 de diciembre de 2022, y su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional.

Este documento, fechado el 3 de julio de 2025, reafirma que el Distrito Municipal Turístico tiene base legal para gestionar el uso de suelo y otorgar permisos de construcción, gracias al artículo 24 de dicha ley, que concede esta competencia a los gobiernos locales con más de 15,000 habitantes y capacidad recaudatoria.

La decisión llega en medio de un conflicto con el Ayuntamiento de Higüey, que ha intentado mantener control sobre los arbitrios y permisos en la zona turística más dinámica del país. La ruptura del acuerdo “50/50” por parte de Verón en mayo, y la creación de su Oficina de Planeamiento Urbano, ya no lucen como gestos rebeldes, sino como un acto de legalidad.

Mientras tanto, más de 30 proyectos inmobiliarios permanecen paralizados porque el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) sigue sin reconocer las certificaciones emitidas por la Junta Distrital. Sin embargo, la comunicación del Ejecutivo podría forzar un cambio inmediato, obligando a las instituciones del Estado a respetar las disposiciones vigentes de la Ley 368-22.

Aunque aún falta por emitirse el reglamento de aplicación, el Gobierno deja claro que la ley se cumple desde el segundo día de su publicación, según establece el artículo 109 de la Constitución. La disputa por competencias ya no es política, es jurídica. Y todo indica que Verón lleva la delantera.

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