«A las nueve de la mañana, un minibús proveniente del penal de San Luis arribó al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Diez imputados descendieron con esposas compartidas y escoltados por tres agentes penitenciarios, evidenciando una seguridad insuficiente para el traslado de reclusos».
SANTO DOMINGO, RD.- El contraste es evidente: mientras figuras de casos de alto perfil llegan protegidas con chalecos y cascos, los detenidos comúnmente enfrentan audiencias con ropa gastada y custodia reducida. En operaciones como Panthera 7, vinculada al decomiso de 9.8 toneladas de cocaína en Puerto Caucedo, los acusados son trasladados con anillos de seguridad, mientras la generalidad de reos es escoltada con evidente descuido.
Las condiciones del edificio agravan la situación. Escaleras estrechas impiden la circulación fluida, familiares y abogados permanecen de pie ante la falta de asientos, y los baños unipersonales generan largas filas donde la desesperación diluye la distinción entre «hombres» y «mujeres».
En la avenida Sabana Larga, entre Los Minas y el ensanche Ozama, se levanta el nuevo Palacio de Justicia, prometido para finales de 2023 con un 85% de avance según una nota oficial de junio de 2024. A pesar de una inversión superior a los 4,000 millones de pesos, la inauguración sigue pendiente. Aunque se han instalado cristales y logotipos, aún faltan trabajos en parqueos y accesos.
Esta situación muestra las carencias del sistema judicial dominicano, donde la prisión preventiva se usa como norma en lugar de excepción, exacerbando la sobrepoblación carcelaria y la precariedad de los tribunales.
