“Si un propietario decide sacar a su inquilino por las malas, sin una orden judicial, puede acabar tras las rejas entre tres y cinco años.”
SANTO DOMINGO. RD – El desalojo de inquilinos podría convertirse en un delito penal si se ejecuta fuera del marco judicial. Así lo establece el informe preliminar del proyecto de Ley de Alquileres y Desahucios, impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y analizado por una comisión especial liderada por el legislador perremeísta Amado Díaz.
El documento, que aún debe ser debatido en el hemiciclo, señala en su artículo 51 que cualquier propietario, arrendador o abogado que ejecute un desalojo sin agotar el debido proceso judicial será sancionado con penas de tres a cinco años de prisión y multas que oscilan entre 10 y 20 salarios mínimos del sector público.
Pero el castigo no se queda ahí. El artículo 52 advierte que cualquier acción temeraria o abuso contra el inquilino también deberá ventilarse ante un tribunal. En casos donde estén involucrados alguaciles o abogados, la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General deberán tomar medidas disciplinarias adicionales.
El proyecto busca equilibrar la relación entre arrendadores y arrendatarios, en un país donde los desalojos irregulares han sido comunes durante años. Ahora, si esta iniciativa se aprueba, los dueños deberán pensarlo dos veces antes de recurrir al desalojo forzoso sin respaldo legal.
