“Lo balearon en la cabeza y, aún conectado a un respirador, ya quieren quitarle la curul por ‘hacer política de más’.”
BOGOTÁ, COLOMBIA – Miguel Uribe Turbay, senador colombiano y víctima de un atentado el pasado 7 de junio, enfrenta ahora una nueva batalla: una demanda ante el Consejo de Estado que busca retirarle la investidura parlamentaria. Mientras permanece en estado grave, internado en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe, un recurso judicial pretende inhabilitarlo por presunto proselitismo indebido.
La acción fue presentada por Carlos Alberto Sánchez Gras, en nombre de la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y del sindicato Sinsergen Mindefensa. Según el documento, Uribe violó las normas constitucionales al participar ese mismo día en actos de precampaña: reuniones, discursos y publicaciones con fines electorales, algo que estaría prohibido por los artículos 180 y 183 de la Carta Magna.
La demanda, calificada por muchos sectores como inoportuna y “cruel”, ha generado rechazo público por su aparente falta de sensibilidad frente al estado de salud del legislador. No obstante, los demandantes alegan que el senador usó su cargo para sacar ventaja política y “expuso su vida” de manera irresponsable en un contexto de violencia creciente.
El escrito se apoya en principios de moralidad administrativa, equidad electoral y acceso igualitario al poder político. Con base en los artículos 143 de la Ley 1437 de 2011 y el 6° de la Ley 2213 de 2022, exigen que se le retire de forma inmediata la investidura.
Mientras los médicos luchan por salvarle la vida, en los pasillos judiciales se discute si debe seguir siendo senador. La pregunta incómoda ya no es solo quién lo quiso asesinar, sino también quién no quiere verlo volver.
