«Lo que debería ser un derecho se ha convertido en un privilegio que no todas las familias pueden pagar…»
En la zona turística de Verón, Bávaro y Punta Cana, la falta de aulas se ha convertido en una urgencia que ya no puede esperar. Con listas de espera cada vez más largas, cientos de estudiantes quedan fuera del sistema educativo cada año, víctimas de una falla en un sistema público que no ha sido planificada para el crecimiento exponencial de la zona.
Aunque esta zona genera importantes ingresos para el país, la inversión estatal en educación básica y media parece haberse quedado en el pasado.
A diferencia de otras partes del país donde las familias optan por colegios privados por elección —buscando mejores estándares, diferentes valores o currículos bilingües—, en Verón, Bávaro, Punta Cana la situación es otra: Muchos padres no tienen alternativa. Los pocos centros públicos disponibles están colapsados y los privados han aprovechado el vacío para imponer matrículas elevadas sin regulación.
Lo que debería ser un derecho se ha convertido en un privilegio que no todas las familias pueden pagar.
Decenas de familias se ven obligadas a separarse como única solución ante la escasez de cupos escolares. Son numerosos los casos de niños y adolescentes que deben quedarse a vivir con abuelos, tíos u otros familiares en sectores donde aún tienen acceso a una escuela pública o un colegio con tarifas accesibles, mientras sus padres se trasladan a Distrito Municipal Turístico Verón, Punta Cana por motivos laborales. Esta dinámica, además de generar altos niveles de estrés emocional en los menores, rompe vínculos familiares y deja en evidencia una profunda deuda social del Estado con esta zona del país.
La expansión turística ha traído consigo una gran movilidad poblacional. Miles de familias migran desde otras provincias en busca de trabajo en hoteles, inmobiliarias, restaurantes y servicios turísticos. Sin embargo, los servicios públicos —particularmente la educación— no han sido capaces de seguir ese ritmo. Esta desconexión entre crecimiento económico y planificación social podría convertirse en una bomba de tiempo para la zona Este.
Aunque en discursos oficiales se habla de inversión en educación, en la práctica la
s aulas prometidas no se construyen con la urgencia que amerita la situación. La comunidad educativa clama por acción: se requieren más planteles, más maestros, y políticas claras que garanticen el acceso gratuito a la educación básica como lo establece la Constitución.
Hasta que eso no suceda, los centros privados seguirán dictando las reglas del juego, y cientos de estudiantes seguirán pagando las consecuencias de una política pública que aún no aterriza en el territorio donde más se necesita.
