«Es imperativo que el Presidente asuma un rol más activo y decisivo en la discusión y eventual aprobación de un Código Penal que esté a la altura de los desafíos actuales. La demora no solo ha generado incertidumbre y descontento, sino que también ha dejado en evidencia una falta de liderazgo en un tema de vital importancia para la nación».
RECONOCIMIENTO TARDÍO DE LAS DEBILIDADES DEL PROYECTO
El presidente de la República, Luis Abinader, finalmente se ha pronunciado sobre el controvertido proyecto de ley del nuevo Código Penal, una iniciativa que lleva más de dos décadas estancada en el Congreso Nacional. En sus declaraciones, Abinader reconoció que el proyecto presenta debilidades significativas en muchos de sus artículos, las cuales podrían comprometer seriamente la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana. Sin embargo, su reconocimiento de estos problemas llega tardíamente, suscitando críticas sobre la demora en abordar una cuestión de tanta importancia para el país.
Abinader manifestó: “Yo creo que ese Código necesita estudiarse y consensuarse mejor. Esa es mi opinión. No sé si extenderla (la legislatura), vamos a estudiar, yo lo que pienso es que ni siquiera extendiendo la legislatura sería el tiempo necesario”. Estas palabras fueron emitidas durante su intervención en el programa «LA Semanal con la Prensa», y aunque reflejan una preocupación legítima, plantean preguntas sobre por qué el Presidente ha esperado tanto para expresar su postura.
PROCESO LEGISLATIVO LENTO Y FALTA DE LIDERAZGO
Actualmente, el Código Penal está siendo revisado por una comisión especial de la Cámara de Diputados, después de haber sido sancionado en primera lectura y haber recibido las dos aprobaciones reglamentarias del Senado de la República. Este proceso legislativo ha sido largo y arduo, lo que hace aún más desconcertante la tardanza del presidente Abinader en tomar una postura clara y firme al respecto.
La crítica principal radica en que, teniendo en cuenta la prolongada historia del proyecto de ley y sus implicaciones para la seguridad nacional, la administración de Abinader debería haber priorizado desde el inicio de su mandato una revisión exhaustiva y un consenso amplio. Su aparente indiferencia hasta este punto pone en duda su compromiso con la reforma penal y la mejora de la seguridad pública, elementos fundamentales para el bienestar del país.
