“Más de US$4,500 millones en inversiones están en pausa por retrasos administrativos que el país aún no logra resolver”.
PUNTA CANA. RD – La República Dominicana se ha posicionado como uno de los destinos más atractivos del Caribe para la inversión extranjera, especialmente en el ámbito turístico e inmobiliario. En 2024, el país captó más de US$4,500 millones en inversión extranjera directa (IED) ligada a desarrollos turísticos. Además, recibió 11.2 millones de visitantes, generando ingresos superiores a los US$10,900 millones.
No obstante, el panorama para 2025 revela signos preocupantes de desaceleración. No se trata de una caída en el interés internacional, sino de obstáculos internos que amenazan con frenar este crecimiento.
Tramitología lenta, permisología fragmentada y falta de estandarización entre instituciones están paralizando proyectos clave. A esto se suma la incertidumbre en torno al Confotur definitivo, incentivo fiscal fundamental cuya demora ya está desincentivando inversiones a largo plazo. Aunque se otorgan exenciones provisionales, los retrasos en la confirmación de los beneficios fiscales afectan directamente la rentabilidad y cronograma de ejecución de los proyectos. Muchos desarrolladores están operando en un entorno de incertidumbre.
Por otro lado, la falta de un marco claro para la contratación de mano de obra extranjera, especialmente en el sector construcción, agrava la crisis. Las deportaciones masivas y la escasez de trabajadores capacitados generan cuellos de botella que no pueden resolverse sin planificación estratégica.
La inseguridad jurídica, las recientes alzas de tasas administrativas y la percepción de cambios en las reglas del juego en plena ejecución de proyectos están minando la confianza del inversionista internacional. Mientras tanto, destinos como México, Costa Rica, Jamaica y las Islas Turcas y Caicos aprovechan el momento. Con procesos más ágiles, marcos regulatorios más estables y mayor seguridad jurídica, están captando capital que República Dominicana está dejando escapar.
Las consecuencias ya son evidentes: paralización de nuevos desarrollos, ralentización del sector construcción, pérdida de empleos, disminución de ingresos fiscales y, lo más grave, deterioro de la reputación país.
Hoy más que nunca, se requiere una respuesta coordinada entre el sector público y privado. El país necesita rediseñar su estructura institucional si quiere mantenerse competitivo. Porque si República Dominicana no acelera ahora, podría quedar relegada en la carrera por el liderazgo turístico y de inversión en el Caribe.
