“La democracia necesita libertad, pero también reglas claras que protejan la equidad del proceso electoral.”
Por: Pablo Vicente
La reciente regulación emitida por la Junta Central Electoral sobre la publicación de encuestas electorales debe analizarse desde una perspectiva jurídica y constitucional, más allá del debate político del momento.
La Constitución dominicana, en sus artículos 211 y 212, otorga a la JCE la responsabilidad de garantizar la transparencia, equidad y legalidad de los procesos electorales. Bajo ese mandato, el órgano electoral posee facultad reglamentaria para supervisar aspectos esenciales del sistema democrático.
Asimismo, la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral reconoce la competencia de la JCE para regular la realización y publicación de encuestas electorales, mientras que la Ley 33-18 sobre Partidos y Movimientos Políticos procura preservar la equidad en la competencia política y evitar prácticas que distorsionen el proceso democrático.
Desde el punto de vista legal, esta regulación no constituye censura previa, sino una medida orientada a fortalecer la transparencia electoral y evitar el uso indiscriminado de encuestas como herramientas de propaganda política fuera de los plazos establecidos por la ley.
Naturalmente, toda regulación debe aplicarse respetando principios fundamentales como la razonabilidad, proporcionalidad y libertad de expresión. Sin embargo, garantizar derechos en democracia también implica establecer límites y normas claras que protejan la integridad del proceso electoral.
La democracia necesita libertad, pero también necesita orden institucional. Y precisamente ahí radica la legitimidad de esta decisión de la JCE.
