Por: Nathalia Taveras
“Tres destructores estadounidenses, 4,000 marines y 15,000 soldados venezolanos elevan la tensión en el Caribe.”
CARACAS, VE – Venezuela anunció un despliegue masivo de tropas y buques de su Armada como respuesta al movimiento de fuerzas navales estadounidenses en el Caribe sur. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, confirmó la movilización de drones, infantería de marina y patrullajes en el golfo de Venezuela y el lago de Maracaibo, en lo que Caracas calificó como una “respuesta legítima” a la escalada de Washington. El gobierno de Nicolás Maduro movilizó 15,000 efectivos a la frontera con Colombia bajo la justificación de operaciones antidrogas, aunque con un trasfondo claramente político.
Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, informó que el objetivo del despliegue es intensificar la lucha contra el narcotráfico internacional. Sin embargo, la llegada de tres destructores lanzamisiles, 4,000 marines y dos buques adicionales coincide con la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por la captura de Maduro y con la reciente designación del Cartel de los Soles como organización criminal. Una señal que, para el chavismo, es un intento de “intimidación militar” más que una acción antidroga.
La narrativa oficial venezolana recalca que el país cuenta con 4,5 millones de reservistas listos para defender la patria, aunque analistas independientes dudan de esa cifra. Maduro, además, abrió el registro de la Milicia Bolivariana —un cuerpo civil-militar con fuerte carga ideológica—, reforzando la idea de que la confrontación no se limita a lo simbólico. En paralelo, Caracas exigió en Naciones Unidas el “cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe” y pidió el respaldo del secretario general António Guterres.
En las calles venezolanas, la amenaza de una invasión estadounidense oscila entre la incredulidad, el miedo y la burla. Analistas como Phil Gunson, del Crisis Group, descartan un ataque directo, pero sí ven en la estrategia de Trump un esfuerzo por generar presión psicológica y forzar al gobierno de Maduro a negociar. La vicepresidenta Delcy Rodríguez tachó la operación naval como una “agresión psicológica” y denunció que la verdadera intención de Washington es política.
Mientras tanto, la pugna se mezcla con los intereses energéticos. Pese a sanciones, embargos y bloqueos, Chevron mantiene operaciones en Venezuela bajo permisos especiales autorizados por Washington. Irónicamente, mientras barcos de guerra surcan el Caribe, buques petroleros siguen zarpando hacia puertos estadounidenses. Una dualidad que refleja cómo geopolítica y negocios continúan entrelazados en un juego de alto riesgo.
