Dueños Playa Turquesa exigen renuncia de la administración por presunto mal manejo de finanzas

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Bávaro Punta Cana- Los propietarios del proyecto Playa Turquesa Ocean Club, exigieron este jueves a los administradores del lugar renunciar, ya que estos alegan hace dos años se viene haciendo una mala administración del complejo.

Según José Natalio Arredondo, propietario, los dueños están tratando de buscar una salida loable a esta situación que se ha presentado con la administración del proyecto, y entiende que desde hace ya más de dos años hay una disputa por la forma en los actuales administradores están administrando las finanzas.

“Esperamos que se llegue a un acuerdo amistoso y todos buscamos estar agradable y no presenciar estos inconvenientes provocados por los administradores, porque nos dan datos confiables que se puedan analizar ni tampoco se ha hecho asambleas como lo manda la ley”, argumentó.

Dijo que de mantenerse esta situación se verán en la obligación de cambiar la forma de gestión y administración.

El actual administrador del proyecto es el italiano Leandro Crocci, de la inmobiliaria PTG SRL, quien según propietarios, ha estado manejando las finanzas de manera fraudulenta y se resiste salir del lugar.

Algunos dueños del proyecto aseguran que el contrato de administración tiene dos años que se venció y que la mala gestión viene desde hace cinco años.

Crocci, también es propietario de Inmobiliaria 42 S.A, quien fue demandado por falsificar documentos en cueva taína.

Se recuerda que Leandro Crocci junto a Davide Croci, Elena Croci y Adalgisa Paoli, fueron acusados en el año 2017 de ofrecer datos falsos al registro mercantil, en violación a los artículos 24 de la ley 3-02 de registro mercantil, sancionado por los artículos 147, 150, del Código Penal Dominicano en perjuicio de los sucesores del finado Domingo de la Cruz.

Los italianos y socios de Inmobiliaria 42 S.A, fueron acusados de sustraer con maniobra fraudulenta el 94% de las acciones que pertenecen al señor De la Cruz.
En la citada fecha, la Corte Penal condenó a los imputados al pago de las costas a favor del abogado de los querellantes.

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