“La estructura planteada podría generar doble tributación y encarecer el acceso a la vivienda en República Dominicana.”
PUNTA CANA. RD – La Alianza Empresarial Turística de La Altagracia (ALETA) advirtió que las recientes modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos introducen un esquema fiscal que podría tener implicaciones en el desarrollo inmobiliario y el acceso a la vivienda, según su evaluación técnica.
(ALETA) advierte que las recientes modificaciones a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos introducen un esquema fiscal técnicamente incorrecto, que afecta de manera directa al desarrollo inmobiliario y al acceso a la vivienda. El principal problema es que la Ley 225-20 trata la gestión de residuos como un impuesto, cuando en las legislaciones comparadas —incluyendo países del Caribe, Centroamérica y la Unión Europea— este tipo de cargas se estructuran como tasas vinculadas al costo real del servicio.
Una tasa se calcula según el costo del manejo de residuos; un impuesto grava la actividad económica. La reforma confunde ambos conceptos y genera distorsiones graves.
Doble tributación para los fideicomisos: un golpe directo a la vivienda asequible. La reforma obliga a tributar dos veces la misma actividad:
• La sociedad desarrolladora paga el 100% de la tarifa establecida.
• El fideicomiso, que ya es un vehículo regulado y transparente, vuelve a tributar sobre el margen que entrega al desarrollador.
• Este diseño equivale a un impuesto en cascada, una práctica fiscal regresiva y carente de justificación técnica.
• Además, la reforma a la Ley 225-20 desconoce la exención establecida en el Artículo 45 de la Ley 189-11, que libera a los fideicomisos de cualquier impuesto, tasa o contribución en su constitución, modificación o extinción.
Al imponerles nuevas cargas fiscales, la reforma rompe ese marco legal, afecta directamente a los fideicomisos utilizados para vivienda social y de bajo costo —estructuras de márgenes reducidos— y provoca un aumento de costos que termina encareciendo las viviendas para miles de familias dominicanas. El resultado es claro: mayores costos de construcción y viviendas más caras, afectando a miles de familias y reduciendo la competitividad del sector.
Otras inconsistencias que afectan al desarrollo inmobiliario ALETA identifica riesgos adicionales:
• Incompatibilidad normativa con la Ley 189-11 y con estándares internacionales de tributación ambiental.
• Inseguridad jurídica, al aprobar cambios acelerados sin análisis técnico ni consulta con los sectores productivos.
• Impacto transversal en la cadena de valor, elevando costos de materiales, logística y servicios vinculados a la construcción.
• Desincentivo a la inversión, al gravar estructuras fiduciarias que ya cumplen con obligaciones tributarias y de transparencia.
Posición de ALETA
ALETA exhorta a la Cámara de Diputados a revisar la reforma y corregir el error técnico que convierte una tasa ambiental en un impuesto general, generando doble tributación y afectando el acceso a la vivienda. La sostenibilidad ambiental es un objetivo compartido, pero debe implementarse con criterios técnicos que no comprometan el desarrollo territorial, la inversión y la estabilidad del sector inmobiliario.
