“Si hubiera competido contra los chicos, habría terminado en último lugar en todas las pruebas”, afirma la demanda sobre una atleta trans.
SANTA ANA. CA. EE.UU – El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el Departamento de Educación de California, acusándolo de violar los derechos civiles al permitir que atletas transgénero compitan en ligas femeninas escolares. La acción legal se basa en la interpretación del Título IX y amenaza con retener $3.8 mil millones en fondos federales al estado.
El documento, depositado en el Tribunal de Distrito en Santa Ana, califica como discriminatoria la política que permite la participación de atletas trans femeninas, alegando que ignora “las diferencias biológicas innegables entre niños y niñas” y perjudica directamente las oportunidades de las atletas cisgénero, en becas, reconocimientos y desarrollo competitivo.
El caso se centra en la participación de AB Hernandez, atleta trans de Jurupa Valley High School, quien fue identificada como “Estudiante 1” en la demanda. Según los argumentos federales, sus marcas en triple salto, salto de altura y salto largo no le habrían permitido clasificar ni ganar medallas si hubiera competido en la categoría masculina.
El Departamento de Educación ya había fallado previamente contra California en junio, y ahora la demanda busca que se prohíba explícitamente la participación de atletas trans en categorías femeninas, ordenando a la Federación Interescolar de California emitir nuevas directrices. La secretaria de Educación, Linda McMahon, fue enfática: “Esto no es solo injusto, es ilegal”.
A pesar de no estar incluido como demandado, el gobernador Gavin Newsom fue citado en la demanda por sus declaraciones anteriores, en las que reconocía que la situación era “profundamente injusta”. La oficina del gobernador respondió denunciando un “ataque político” de la administración Trump y aseguró que el estado cumple con su propia ley, la Ley de Éxito y Oportunidad Escolar (2013), que protege la participación trans bajo identidad de género.
Mientras tanto, organizaciones LGBTQ+ como Equality California calificaron la demanda como una “maniobra cruel e infundada”, mientras los tribunales federales deciden si la política estatal viola el Título IX o si, por el contrario, el gobierno central está excediendo sus atribuciones.
