Por: Nathalia Taveras
“El Estado celebra menos homicidios, pero calla 227 vidas caídas en manos de sus propias fuerzas en 2024.”
SANTO DOMINGO. RD –Las muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad del Estado crecieron un 194.8 % entre 2021 y 2024, alcanzando las 227 víctimas el pasado año, según reportes del Observatorio de Seguridad Ciudadana y la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Este repunte rompe con la tendencia descendente de la última década y revive los niveles de letalidad policial registrados en el 2012.
La administración de Luis Abinader presume de una baja en los “homicidios intencionales”, pero el costo se refleja en un aumento dramático de los llamados “intercambios de disparos” y otras acciones letales de la Policía Nacional. Entre 2011 y 2021, las muertes atribuibles a uniformados cayeron de 283 a 77, pero la curva volvió a dispararse a partir de 2022, coincidiendo con la estrategia de seguridad dirigida personalmente por el mandatario en sus reuniones semanales.
El discurso oficial sostiene que estas muertes no forman parte de la tasa de homicidios intencionales, clasificándolas como “no intencionales”. Sin embargo, expertos en criminología advierten que esa separación maquilla la percepción de seguridad y encubre posibles abusos de autoridad, pues en la práctica se trata de muertes violentas provocadas por agentes del orden.
El 2024 cerró con 1,042 homicidios intencionales y 334 no intencionales, de los cuales 227 fueron por acción policial o militar, según los registros de la ONE. En comparación, la cifra de civiles caídos a manos de agentes es apenas un caso diferente a la reportada por la Policía, lo que evidencia la coincidencia en las fuentes y contradice versiones oficiales de Interior y Policía que hablaban de “errores en la desagregación de datos”.
Organismos de derechos humanos reclaman investigaciones claras sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y mayor transparencia en la rendición de cuentas. Mientras tanto, el retroceso en los indicadores coloca a la República Dominicana frente a una paradoja: se reduce la criminalidad común, pero aumenta el riesgo de morir bajo custodia o frente al cañón del propio Estado.
