«La República Dominicana crece como mercado para alquileres de corta duración, con un aumento del 23% anual en habitaciones. Sin embargo, Airbnb se niega a recaudar impuestos aquí, a diferencia de 17 países».
SANTO DOMINGO, RD.- Según el informe «Impacto del turismo en la República Dominicana» de Asonahores, para febrero de 2024, el país contaba con 47,474 propiedades de alojamientos de corta estancia, representando un aumento del 18.76% respecto al año anterior. Los arrendatarios están obligados a pagar impuestos sobre la renta (ISR) y el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) si ofrecen servicios de hospedaje, similar a los hoteles.
Airbnb ha instado a los propietarios a registrarse ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para el pago de impuestos, pero no actúa como agente retenedor en el país. Esto contrasta con su práctica en otros países donde, al tener acuerdos con los gobiernos, la compañía recauda y remite los impuestos en nombre de los anfitriones.
La economista Germania Montás señala que, al ser una empresa no residente, Airbnb podría ser reacia a asumir la responsabilidad de la recaudación tributaria, lo que implica cumplir con normativas y plazos, y podría resultar en sanciones. Montás aboga por un acuerdo que permita a Airbnb colaborar con las autoridades dominicanas en esta tarea, sugiriendo que las experiencias con otras legislaciones podrían servir como modelo.
