SANTO DOMINGO, RD.-Milagros Ortiz Bosch, directora general de la Digeig, resaltó la importancia de esta medida para garantizar a los ciudadanos protección ante posibles represalias, ya que su cooperación es esencial para fortalecer la transparencia y defender los bienes públicos. «Cuando un ciudadano coopera, debe ser protegido por el Estado», enfatizó Ortiz Bosch.
En apoyo a esta propuesta, se han realizado talleres de consulta que reunieron a representantes clave de los sectores públicos y la sociedad civil, quienes compartieron recomendaciones y discutieron los desafíos para implementar este marco legal. Entre las instituciones participantes se encuentran el Ministerio de Hacienda, la Oficina Nacional de la Defensa Pública, la Contraloría General de la República, y diversas organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto cuenta con la asesoría de expertos internacionales, como Tom Devine del Government Accountability Project, quienes han trabajado en la creación de bases jurídicas para proteger a denunciantes en otros países.
