Por: Nathalia Taveras
“Mientras las postales del paraíso dominicano decoran folletos turísticos, los basurales improvisados se multiplican bajo la mirada indiferente de las autoridades, de los empresarios, y de un pueblo atrapado entre la resignación y el riesgo”
VERÓN-PUNTA CANA, R.D. – La emergencia ambiental que sacude a La Altagracia no se debe solo a la ineficiencia del ayuntamiento. Hay muchos más responsables: ministerios que miran hacia otro lado, empresas que priorizan el confort de los hoteles sobre la salud de las comunidades, y decisiones nacionales que cortan servicios sin ofrecer alternativas. Mientras tanto, más de 300,000 personas caminan entre basura, sobreviven a los malos olores y crían a sus hijos rodeados de humo, mosquitos y desesperanza.
La acumulación de residuos sólidos no es casual: es consecuencia directa de políticas erráticas y abandono institucional. El cierre de vertederos comunitarios sin soluciones de relevo, la centralización del manejo de desechos, la falta de inversión logística municipal y la débil fiscalización ambiental empujaron a Verón-Punta Cana al borde del colapso.
Más del 60 % de los residuos sólidos generados no se recolectan a tiempo, según activistas comunitarios. En barrios como Don Polo o Villa La Fe, los camiones pueden tardar hasta dos semanas en pasar. El resultado: solares baldíos convertidos en vertederos, basura quemada al aire libre, niños respirando partículas tóxicas.
El humo de la quema clandestina irrita los pulmones, mientras los lixiviados contaminan el subsuelo y los acuíferos que abastecen a toda la provincia. La ONG Salud y Futuro reportó un aumento del 27 % en enfermedades gastrointestinales en zonas afectadas, y centros de salud advierten sobre un alza sostenida de afecciones respiratorias en menores.
No hay campañas activas de reciclaje ni educación ambiental, y aunque el Ministerio de Medio Ambiente anuncia proyectos, las comunidades siguen esperando que algo pase más allá de los titulares.
Es fácil culpar solo al ayuntamiento, pero el problema es sistémico. El gobierno central ha delegado responsabilidades sin presupuesto. Las empresas recolectoras descuidan los barrios para priorizar zonas turísticas. Y una parte de la ciudadanía, aunque víctima, también ha normalizado lo inaceptable.
¿Quién debe actuar? Todos. Pero quien más poder tiene, más debe responder. El Ministerio de Medio Ambiente necesita liderar una intervención real. El ayuntamiento debe replantear su logística con apoyo estatal. Y las empresas, que tanto ganan del turismo, deben asumir compromisos sostenibles con las comunidades que lo sostienen.
La Altagracia no puede seguir dividida entre playas de postal y barrios invisibles ahogados en basura. El desarrollo no puede construirse sobre cimientos podridos. Este no es un llamado poético. Es una advertencia: Verón-Punta Cana necesita soluciones, no excusas. Porque si nadie actúa ahora, pronto no quedará nada limpio, ni siquiera para esconder la verdad.
