Por Ing. Marco Tezanos
En la República Dominicana el sector eléctrico sigue siendo el dolor de cabeza de los gobiernos. La falta de voluntad política, financiera y técnica mantiene en zozobra a la ciudadanía, ante una crisis energética que se ha prolongado durante décadas y que, lejos de resolverse, se agudiza con los años.
Al revisar los indicadores más recientes del sector, se evidencia que estamos envueltos en un riesgo financiero y de gestión que amenaza la estabilidad nacional. En los últimos tres años, el déficit de las transferencias estatales al sector eléctrico ha escalado de manera alarmante: en 2022 fueron alrededor de US$1,596 millones; en 2023, US$1,474 millones; en 2024, US$1,769 millones; y para este 2025 las proyecciones superan los US$1,950 millones. En apenas tres años, la suma total asciende a unos US$6,809 millones, una carga insostenible para el presupuesto nacional.
El panorama se complica con indicadores de gestión poco alentadores. Las pérdidas de las tres distribuidoras (Edes) rondan el 41%, mientras que el índice de cobranzas y el de recuperación de ingresos (CRI) se ubican en 95.9% y 59.7%, respectivamente, cifras que muestran un retroceso respecto al año anterior. Este nivel de ineficiencia no solo impacta la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que limita la capacidad del Estado para invertir en áreas críticas como educación, salud e infraestructura.
La firma del Pacto Eléctrico, presentada como la gran solución, ha quedado en entredicho. Los resultados son cuestionables y la ejecución del programa gubernamental para el sector energético ha generado más dudas que certezas. Aunque se ha intentado instalar la idea de que la generación eléctrica no enfrenta dificultades, los costos de generación y abastecimiento siguen siendo un factor determinante en el déficit. Estos precios, sumados a la ineficiencia de las distribuidoras, se convierten en un círculo vicioso que ahoga las finanzas públicas.
La situación se agrava con el aumento de las compras por excepción en los procesos de adquisición, lo que suele traducirse en un mayor gasto público. Si esta práctica se mantiene durante largos periodos, podría implicar cientos de millones de dólares adicionales, profundizando aún más el agujero financiero del sistema eléctrico nacional.
El sector eléctrico dominicano se encuentra, por tanto, en una condición crítica tanto financiera como técnica, lo que exige decisiones urgentes y responsables. El descuido, la improvisación y la falta de planificación han dejado una huella negativa que ha impedido el avance del país en materia energética. Postergar soluciones solo prolonga el deterioro de un sistema esencial para el desarrollo económico y social.
Entonces, ¿qué hacer? Durante años, organismos nacionales e internacionales han diagnosticado el problema y señalado las rutas a seguir. Este no es momento para lamentos, sino para actuar con decisión, aprovechando el capital humano y técnico con el que cuenta el país. Afrontar la crisis con transparencia, eficiencia y compromiso será clave para evitar que el sistema eléctrico continúe siendo un lastre que comprometa el bienestar y la calidad de vida de toda la población.
