“Después de 235 muertos y más de 180 heridos, la libertad les costó una fianza y no una celda.”
PUNTA CANA. RD – Luego de más de doce horas de litigación intensa, la jueza Fátima Veloz dictó medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, tras el derrumbe que cobró la vida de 235 personas y dejó a más de 180 heridas. Lejos de prisión preventiva, la magistrada impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica para ambos acusados de homicidio involuntario.
El caso ha sacudido al país por la magnitud de la tragedia y la percepción de que, pese a las cifras de horror, la justicia sigue favoreciendo a quienes pueden pagarla. En la sala de audiencias, cerca de 80 víctimas estuvieron presentes como querellantes, mientras que otros 40 llegaron a acuerdos económicos para no demandar. El abogado Miguel Valerio defendió la medida como válida, destacando que sus clientes han colaborado en todo momento con la investigación.
Sin embargo, la indignación no se hizo esperar. La ciudadanía cuestiona cómo, en un país donde cientos de muertos no garantizan prisión preventiva, aún se habla de justicia. Mientras la defensa estudia el peritaje del Ministerio Público, las familias de las víctimas siguen esperando que alguien cargue con más que una fianza.
