«La intención de separar políticamente una de las zonas turísticas más importantes del país ha destapado un conflicto de intereses que involucra mucho más que líneas divisorias: se trata de poder, autonomía, recursos y la lucha por el control de una de las regiones con mayor crecimiento económico en el Caribe.»
VERÓN PUNTA CANA, RD. La propuesta de elevar a municipio el Distrito Turístico Verón–Punta Cana, presentada por el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín), ha provocado una de las disputas territoriales más intensas en la provincia La Altagracia, sacando a flote tensiones acumuladas entre Verón y el municipio cabecera, Higüey.
El proyecto, lejos de avanzar como un simple trámite legislativo, ha generado un debate marcado por posiciones encontradas, donde los argumentos legales y técnicos chocan con intereses económicos, temores políticos y reclamos históricos de reconocimiento. Mientras desde Verón se insiste en que la zona cumple con todos los requisitos para ser municipio, desde Higüey se alzan voces preocupadas por el impacto que tendría esta separación en el presupuesto local.
Con más de 138,000 habitantes según el Censo 2022 —y estimaciones no oficiales que superan los 200,000—, y una extensión de más de 450 kilómetros cuadrados, Verón–Punta Cana alberga la mayor infraestructura turística del país. Autoridades distritales, como el director Ramón Ramírez (Manolito), junto a vocales y líderes sociales, han planteado que depender del Ayuntamiento de Higüey limita la capacidad de planificación, inversión en servicios y control territorial.
“Verón-Punta Cana no puede seguir siendo el lugar que produce, pero que no recibe lo justo”, expresó Ramírez, quien además advirtió que la falta de autonomía profundiza la brecha entre la riqueza generada y los servicios que recibe la población.
El vocal Uridy Marte fue aún más claro: “El que debe buscar una compensación a Higüey es el gobierno central. Verón necesita administrar sus propios recursos”. En esa misma línea, Marcelle Flores declaró: “No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que se entorpezca la elevación a municipio. Está bueno de vivir a costilla de este pueblo pujante”.
Según cifras oficiales, el 59 % de los más de 11 millones de visitantes que recibió República Dominicana en 2024 ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. La zona también ha atraído inversiones hoteleras por más de 994 millones de dólares en los últimos dos años, pero continúa rezagada en servicios como agua potable, transporte, salud y seguridad, que siguen dependiendo de gestiones centralizadas.
Desde HIGÜEY, la reacción ha sido de rechazo. La alcaldesa Karina Aristy advirtió que la separación de Verón podría representar una pérdida de hasta el 40 % del presupuesto municipal, lo que afectaría gravemente la ejecución de obras y programas sociales. “Esto no se trata de una familia ni de una gestión, se trata de Higüey. Y debemos defenderlo todos, a una sola voz”, expresó Aristy.
La alcaldesa también criticó que la vista pública sobre el tema se realizara en Bávaro sin participación del cabildo de Higüey, calificando la acción como “antidemocrática”.
Organizaciones como Comunalt+ también se han sumado a las críticas. Su presidente, Cirio Castillo Valdéz, afirmó que la propuesta ha sido mal gestionada. “Separar políticamente a Verón de Higüey podría convertirse en el golpe económico más fuerte para la ciudad en su historia reciente”.
Por su parte, el senador Duluc ha defendido la legalidad del proceso, señalando que la Ley 368-22 ya otorga autonomía a distritos que superen los 15,000 habitantes. “La autonomía de Verón ya no depende de que se le dé el título de municipio. En lo práctico, ya funciona con independencia. Lo que queda pendiente es un reconocimiento institucional”, aseguró.
Además, Duluc sugirió que el gobierno central debe asumir la responsabilidad de compensar a Higüey si se aprueba la separación, pero sin frenar el avance administrativo de Verón–Punta Cana “por temores o intereses tradicionales”.
En medio del choque de posturas, algunos sectores han planteado como alternativa la creación de una mancomunidad entre ambos territorios, que permita una transición ordenada y sin afectaciones drásticas.
Mientras tanto, la discusión por la municipalización de Verón sigue escalando en intensidad, con efectos que podrían repercutir no solo en el equilibrio territorial de La Altagracia, sino también en la imagen de estabilidad de la principal zona de inversión extranjera del país.
