«El presidente Luis Abinader ha decidido que ya era hora de mover fichas en el tablero legislativo. Este jueves, mediante su consultor jurídico, Antoliano Peralta, se depositó un proyecto de modificación a la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)».
El proyecto, que busca modificar varios artículos de la Ley núm. 1-24, se presenta como un intento por aclarar y especificar el marco constitucional que regula la inteligencia en el país. Sin embargo, las promesas de mayor transparencia podrían ser solo un barniz sobre un sistema que ha sido, hasta ahora, opaco y poco rendidor. Se propone fusionar definiciones clave, pero ¿será eso suficiente para asegurar que el poder no se abuse?
Entre las modificaciones, destaca la búsqueda de coordinación entre la DNI y el Indotel para proteger la privacidad de los usuarios. Pero aquí es donde surge la pregunta: ¿quién vigilará al vigilante? La exigencia de autorización judicial para limitar derechos constitucionales suena bien en teoría, pero ¿será realmente efectivo en la práctica?
En resumen, el nuevo proyecto de ley recoge las inquietudes sobre la Ley núm. 1-24, pero deja en el aire si las reformas realmente marcarán la diferencia o si se quedarán en simples palabras.
