“No se puede hablar de atraer inversiones mientras el propio Estado genera trabas legales que violan el principio de seguridad jurídica”.
SANTO DOMINGO. DN – La Ley 368-22, diseñada para ordenar el territorio y establecer reglas claras sobre el uso de suelo en República Dominicana, se ha convertido en un obstáculo en lugar de una solución. Empresarios del sector turístico e inmobiliario han levantado la voz ante lo que consideran una falta de aplicación efectiva de esta normativa, que hoy mantiene en el congelador más de 70 proyectos claves para el desarrollo nacional.
La raíz del conflicto gira en torno al artículo 24 de la ley, que otorga competencias a los distritos municipales con más de 15,000 habitantes para decidir sobre su uso de suelo. Sin embargo, decisiones contradictorias entre entes del gobierno central, especialmente del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, han ignorado esta disposición legal, invalidando permisos emitidos por las juntas municipales. El resultado: caos legal, inseguridad jurídica y millonarias inversiones detenidas.
Zonas de alta prioridad como Punta Cana, Miches, Samaná y regiones del sur están viendo afectado su crecimiento debido a la parálisis institucional. Empresarios alertan que esta situación podría traducirse pronto en despidos masivos, pérdida de confianza extranjera y un frenazo económico en regiones que dependen del turismo y la urbanización.
El sector privado reclama una acción directa del presidente Abinader para restablecer el respeto a la ley y la coherencia entre los distintos órganos del Estado. Mientras tanto, la incertidumbre sigue ganando terreno donde debería haber desarrollo.
