«El país ya cuenta con un marco legal integral para planificar el uso del suelo, ordenar los asentamientos humanos y garantizar un desarrollo territorial más equilibrado.»
SANTO DOMINGO, RD. – La Ley núm. 368-22 sobre Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos fue promulgada el 22 de diciembre de 2022 y establece las bases para organizar de forma eficiente y sostenible el territorio nacional. Esta normativa crea el Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial (SNOT) y dispone mecanismos vinculantes para los gobiernos locales y el Estado dominicano.
Uno de los ejes fundamentales de la ley es el control del uso de suelo, que será regulado en función de la aptitud del terreno, el entorno, las dinámicas sociales y las proyecciones de crecimiento. El objetivo es reducir la ocupación desordenada del territorio, frenar los asentamientos irregulares y evitar los conflictos por intereses contrapuestos entre sectores económicos y sociales.
La normativa también crea el Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), una plataforma técnica que integrará toda la información geográfica y estadística del país. Este sistema será clave para la toma de decisiones en materia de planificación urbana, movilidad, infraestructuras, riesgos naturales y servicios básicos.
Además, la ley obliga a todos los municipios y distritos municipales a elaborar sus Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), que deberán ser coherentes con los lineamientos nacionales y regionales. Para ello, se prevé un acompañamiento técnico desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y otras entidades rectoras del sistema.
Uno de los puntos más innovadores es la clasificación del suelo en urbano, rural y de protección, con zonificaciones que determinarán qué se puede o no construir, de acuerdo con los criterios técnicos y las funciones ecológicas o económicas del territorio.
La ley también regula los asentamientos humanos para garantizar el derecho a una vivienda digna, el acceso equitativo a infraestructuras y la integración ordenada de las poblaciones en crecimiento. Asimismo, prevé medidas para la prevención de riesgos y adaptación al cambio climático.
Con la entrada en vigor de esta ley, el país da un paso firme hacia una gestión territorial más inteligente, equitativa y sostenible, poniendo freno al desorden urbano y alineando el desarrollo local con los objetivos nacionales.
