Por: Nathalia Taveras
“A las 3:00 a. m. ya tenían nuevo Código Penal… y US$ 615 millones más de deuda pública aprobada.”
SANTO DOMINGO. RD – En menos de un día, el Congreso Nacional aprobó tres préstamos por un total de US$ 615 millones. Esta decisión se tomó justo después de sancionar la reforma al Código Penal. La rapidez del proceso dejó sin aliento a más de uno. Ambas cámaras votaron sin pausa, sin consultas públicas y sin el análisis profundo que merecen compromisos financieros de esta magnitud.
El primer préstamo, de US$ 380 millones, fue otorgado por el BID. Se destinará al Programa de Saneamiento Universal en ciudades costeras y turísticas. La Romana, San Pedro de Macorís e Higüey serían las principales beneficiadas. El proyecto será ejecutado por el Inapa. Además, promete ampliar la cobertura de aguas residuales y mejorar la eficiencia de las instituciones del sector.
Otro empréstito, esta vez de US$ 200 millones, financiará estudios técnicos e ingeniería para la rehabilitación de puentes. También incluye la compra de equipos tecnológicos y herramientas de monitoreo estructural. Aunque se habla de “resiliencia climática”, muchas voces cuestionan si estos fondos se ejecutarán de forma eficaz, dados los antecedentes de lentitud en obras de infraestructura.
El tercer préstamo, por US$ 35 millones, fue firmado con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Su objetivo es ampliar el acueducto de la barrera de salinidad en Santo Domingo. Esta obra estará bajo la gestión de la CAASD y busca mejorar el acceso al agua potable en la capital, uno de los servicios más demandados por la población.
Mientras el Congreso autoriza nuevas deudas, el presidente Luis Abinader reconoce que la economía se ha desacelerado. El mismo lunes admitió que la población “lo está sintiendo”, y culpó a factores externos como las políticas monetarias de EE. UU. Lo cierto es que, en medio de esa incertidumbre, el endeudamiento avanza a paso firme y sin mucha resistencia legislativa.
