“ Solo veinte años y el caso muere: sistema blindado contra corruptos.”
SANTO DOMINGO. RD – El nuevo Artículo 328 del Código Penal dominicano establece que los delitos de corrupción contra el patrimonio público prescriben en 20 años, y después ya no pueden ser perseguidos judicialmente. Esta medida ha provocado indignación entre organizaciones civiles y expertos que advierten que podría enterrar investigaciones como Odebrecht o negligencias estatales años después de ocurridos los hechos.
Para las ONG y observadores independientes, el plazo de prescripción representa un avance hacia la impunidad institucional. Instituciones públicas podrían eludir sanciones si logran dilatar los procesos largos hasta llegar al límite del tiempo permitido. La propuesta original de declarar la corrupción como imprescriptible fue rechazada por la mayoría del Congreso, aunque cinco legisladores apoyaron la idea de extenderla sin límite temporal.
Este artículo resume una paradoja legal: mientras otros países eliminan el plazo para perseguir la corrupción, República Dominicana consolida un mecanismo para desaparecer casos tras dos décadas. Los críticos aseguran que esta disposición no solo simplifica la negligencia política, sino que debilita la memoria histórica y el derecho de la sociedad a juzgar responsables del desfalco público.
