DELIGNE ASCENCIÓN  AFIRMA GOBIERNO HA INVERTIDO $2,578 MILLONES  EN TERMINACIÓN DE ESCUELAS.

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«Los  protagonistas de todos los esfuerzos que se hacen con las obras, son los estudiantes   de sectores pobres en las comunidades, y dichas escuelas son y serán el motor de arranque   para la movilidad social».

PCP

Santo Domingo, RD.  El  gobierno ha puesto 2,578.1 millones de pesos en manos de contratistas  por concepto de pago de 624 cubicaciones de 407 escuelas, que constantemente  se construyen  en distintas partes del país, con el objetivo de terminar e inagurar esos planteles  en el tiempo más  breve posible.

Luego de dirigir  un encuentro con constratistas  de escuelas en el Club Recreativo y Cultural del MOPC, en  una reunión previa en la Contraloría General de la República, Deligne  explicó  que el listado de esas cubicaciones que se han pagado, 408 corresponden al año 2021, y 216 a lo que va del 2022.

De igual  manera manifestó  que aparte  de esos pagos, otros contratistas tienen sus libramientos, certificaciones y apropiaciones por  el Minerd en la Contraloría para fines de desembolso, y otra cantidad ascendente “a unos 1,900 millones de pesos de avance de esos presupuestos de terminación”.

Claramente  expresó, que esa previsión fue  tomada  sobre el presupuesto de terminación, de consignarle un 20% para capitalizarlo y de esa manera  contratistas lograran  culminar los trabajos.

Sostuvo que para afianzar que los contratistas sean los continuadores de procesos en el

que terminaron adjudicatarios, no hacer los establecimientos  de los propios reglamentos de los procesos, el límite que establece la Ley 340, sobre compras y contrataciones, en esos casos se debía  iniciar nuevos procesos con el presupuesto reformulado.

“Pero nos fuimos por el que pudieran concluir esas escuelas, porque en su casi generalidad ustedes han sido afectados por un sistema que no lo crearon, y por condiciones que no eran responsabilidad de ustedes”, precisó.

“Estoy pidiendo al área de edificaciones escolares del MOPC que me entregue una relación de las escuelas que se están trabajando, y esa relación yo la voy a ir chequeando con esta cubicación de pagos, porque ya no debe haber excusa para un contratista que haya recibido dinero a que la obra no se active”, expresó.

El Ministro aseguró que los  protagonistas de todos los esfuerzos que se hacen con las obras, son los estudiantes   de sectores pobres en las comunidades, y dichas escuelas son y serán el motor de arranque   para la movilidad social.

Deligne hizo referencia al  esfuerzo que ha hecho el gobierno con  la construcción de escuelas, y el seguimiento que de el presidenre de manera  particular.

“Martes tras martes, hay una reunión con la presencia del presidente de la República, donde se pasa revista a la situación de las escuelas, primero por la cantidad de obras que involucra, estamos hablando de cerca de 600, pero además por la naturaleza de este tipo de obras, que tiene un impacto directo en la infraestructura escolar, en lo que es la educación de la República dominicana”, refirió.

El total pagado a los contratistas, empezó a incrementar a  RD$2.578,156,672.72, se erogaron en el año 2021 la suma de RD$1,708,772,409.44, en lo que  va de este 2022 se han pagado 869,384,263.28.

Esas erogaciones, según explicó el ingeniero William Recio Galván, director de Procesos y Control de Gestión, de la Dirección General Gerencia de Proyectos del MOPC, pertenecen  a cortes o avances en cuanto a los trabajos llevados a cabo  a la fecha de cada escuela con los precios actualizados; cierre por escuelas terminadas y deudas dejadas por el gobierno pasado.

Por avance a los presupuestos de terminación y  deudas existentes de cubicaciones, no de corte ni cierre, sino normales que se encontraban  estancadas e involucraba a todas las escuelas en construcción.

Recio Galván expresó que cuando se hizo la primera resolución de la Contraloría General, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Compras y Contrataciones se había solicitado  la creación  de una adenda para  deudas pendientes de cubicaciones en planteles escolares, otra para las cubicaciones de corte, y otra para el presupuesto de terminación y/o presupuesto reformulado.

“Luego de varias discusiones, en el sentido de que los trámites burocráticos iban a tardar demasiado, fue que se hizo, o se eliminó o se anuló la anterior resolución, y el 20 de diciembre se confirmó y realizó una nueva resolución que fue aceptada para hacer una sola adenda, que se le haría al presupuesto de terminación y/o reformulado”, explicó.

Esa  adenda contaría con una garantía  hasta de un 25% solo del  presupuesto de terminación, si apareciera algún tipo de partida que esté fuera de ello, si fuese necesario realizarle, y las deudas pendientes que estarían en el Minerd, a los contratistas se les estaría pagando con un informe histórico al corte del proyecto para los fines de pago.

El  flujo de pago de diciembre de 2021 fue mayor y  previo al mes de diciembre y al inicio del proyecto de ley se pagaban  las cubicaciones que no llegaban al 80%, o que no se pasara de ese porcentaje, porque así que permitía la ley, cuando  un contrato pasaba del 25%  pertenecía al nudo legal, después del proyecto de ley.

“Por eso es que era necesario la realización de una resolución, y luego de un acuerdo interinstitucional también para cambiar los trámites burocráticos entre las supervisoras, Fiscalización, Minerd, Contraloría, y así sucesivamente, de que un contrato cuando pasaba del 25% ya pertenecía al nudo legal, luego del proyecto de ley, y por eso es que era necesario la realización de una resolución y luego de un acuerdo interinstitucional también para cambiar los trámites burocráticos entre las supervisoras, Fiscalización, Minerd, Contraloría, y así sucesivamente”, culminó.

Estuvieron presentes en la actividad  Félix Miguel Martínez, director de la Gerencia de Proyectos; William Recio Galván, director de Cubicaciones del MOPC; Fernando Hiram Taveras, director de Mantenimiento de Infraestructura Escolar del Minerd; Arturo García Reynoso, coordinador de Fiscalización del Minerd.

Julio Almonte, asistente del director ejecutivo del Gabinete Sector Construcción; y Jonathan Merán, encargado de la Fundación Pedro Martínez, y el sacerdote José Ramón López, director nacional de Fe y Alegría.

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